Sociedad

“Atrapados” en una triple crisis

Sin financiación, recursos humanos, ni logística, la aplicabilidad del Decreto Ley sobre la Protección del Menor se vuelve difícil.


Publicado el · Actualizado el · 4 min de lectura

Esperanza Nzang Avomo,  Directora General de Infancia y Adolescencia en el ministerio de Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Artesanía. Foto Martín Esono.
Esperanza Nzang Avomo, Directora General de Infancia y Adolescencia en el ministerio de Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Artesanía. Foto Martín Esono.

Trabajar para el cumplimiento de los derechos de los menores no es tarea fácil. De lo contrario, que lo pregunten a Esperanza Nzang Avomo. Ella es la actual Directora General de Infancia y Adolescencia en el ministerio de Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Artesanía, y cuenta que, muchas veces recibe llamadas de denuncias de violaciones que sufren los menores, incluso en ocasiones suele trasladarse a los lugares de los hechos.

Después de años trabajando, las historias que maneja Esperanza son varias, diferentes, pero sobre todo, muy sensibles. De hecho, revela que en sus primeros días de trabajo no podía contenerse ante ciertos hechos y se echaba a llorar. Pero en otros, suele perder la paciencia y denuncia inmediatamente a los causantes del maltrato. Se acuerda de la historia de una madre que quemó partes del cuerpo de su hijo como castigo. “La denuncié y posteriormente la encerraron”, dice.

Como este, son múltiples los casos de violación de derechos que sufren los menores en la sociedad ecuatoguineana, precisamente, la directora considera la promulgación del Decreto Ley sobre medidas para la protección del menor como un instrumento legal que encaja perfectamente con las circunstancias y exigencias del momento. “Ha venido a avalar nuestro trabajo”, dice. “Pese a que el ministerio ya venía trabajando en ese sentido, no obstante, nos faltaban insumos, la ley ha venido como anillo al dedo”, resalta.

Tras un previo intento fallido días antes, finalmente, la Directora General de Infancia y Adolescencia acaba respondiendo a la solicitud del periódico Ébano. Por lo visto, a diferencia de otros se muestra satisfecha por la visita, tanto que agradece al medio por acercarse a su despacho para tratar cuestiones relativas a la protección del menor y el Decreto Ley promulgado para la protección de los mismos.

Sin embargo, su estado de ánimo por la creación de la Ley se vuelve diferente la preguntan sobre su aplicabilidad; sigue siendo incipiente. Sobre todo, por parte de aquellas instituciones que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento. ¿Qué pasa que no se está aplicando?, la preguntamos.

“Las dificultades son financieras, los recursos humanos y la logística”, dice. “Las actividades requieren mucha movilidad, mucha logística; los pasajes, el hotel, la comida… y otros muchos servicios que requieren financiación”, explica.

No obstante, más allá de lo financiero, la preocupación se extiende en la poca implicación de los más de diez ministerios que están involucrados en el proyecto. Sin querer citar nombres, Nzang Avomo lamenta que muchas instituciones no se sumen a la causa. “En ocasiones, hemos incluso realizado talleres para recordarles la responsabilidad que pesa sobre ellos de cara al cumplimiento del Decreto Ley”, asegura.

Casi tres años después de hacerlo público, si de avances se podría hablar de la Ley, la directora menciona la creación de CONAPIA (Comité Nacional para la Protección de la Infancia y Adolescencia). Compuesto por los diferentes departamentos ministeriales y que cuenta con el apoyo de los socios de las Naciones Unidas y la Unión Europea. El Comité se ha diseñado previamente para una duración de cuatro años. “Se trata de que a lo largo de ese tiempo, cada institución sepa lo que tiene que hacer y cumpla con sus competencias”, dice Esperanza. “Por mucho que seamos Asuntos Sociales no significa que abarquemos todo”, aclara.

La actual Directora General de Infancia conversa con el periódico Ébano,  en su oficina,  sobre la Ley de  Protección de Menores. Foto Martín Esono
La actual Directora General de Infancia conversa con el periódico Ébano, en su oficina, sobre la Ley de Protección de Menores. Foto Martín Esono

A la CONAPIA se suman algunas charlas de sensibilización a presidentes de entidades menores y algunos centros educativos. El apoyo que llega de los organismos internacionales solo puede cubrir unas actividades. Si en Malabo resulta difícil, en la Región Continental mucho más. “En Bata tenemos que movilizar a todas las autoridades de las zonas periféricas de esta región, lo que requiere una inversión en muchas cuestiones”, indica Esperanza.

Durante poco más de una hora dura la charla, aunque, parece que la directora le ha pillado el gusto a la conversación; quiere seguir hablando de los derechos de los niños y ya no quiere que pare la conversación. “Si venís a provocarme pues… respondo”, dice entre risas.

Resalta la desestructuración de muchas familias como uno de los problemas que provocan la vulneración de los derechos de los menores. “En su mayoría, encontramos familias rotas, hogares donde los padres están en conflicto siempre; actitudes que hacen que los niños vayan fuera”, dice, sin embargo, ¿dónde queda la situación económica que atraviesan muchas familias?, le preguntan.

Para ella, el problema es la falta de información de muchos sobre los servicios que ofrece el departamento, y pone como receta acercarse al ministerio. “Tenemos cinco direcciones con roles diferentes: está la de Asuntos Sociales, Infancia y Adolescencia, Igualdad, Tercera Edad…”. En cambio, sí admite fallos en la falta de información sobre el Proyecto de Escolarización que lleva acabo el departamento. “Sin ganas de mentir, no hemos difundido esa información por ningún medio”, reconoce.

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