El Ejecutivo plantea para el 2027 menos gasto corriente y más ingresos no petroleros

Tres meses después de volver a ponerse al frente del Ejecutivo, Manuel Osa Nsue. Primer ministro del Gobierno, ha colocado sobre la mesa una de las principales preguntas que marcarán la economía ecuatoguineana en los próximos años: cómo sostener las cuentas públicas cuando el petróleo deja de aportar los mismos recursos y el coste de la vida sigue presionando a los hogares.

La respuesta del primer ministro llegó este 24 de septiembre ante la Cámara de los Diputados con la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027. Más que un simple reparto de ingresos y gastos, el documento dibuja un escenario de transición: menos dependencia de los hidrocarburos, mayor presión sobre los ingresos internos y una administración obligada a vigilar con mayor rigor cada gasto.

El Gobierno plantea un presupuesto equilibrado de 1,119 billones de francos CFA, tanto en ingresos como en gastos. La cifra es inferior a la prevista para 2026 en 174.556 millones de francos CFA, una reducción que el Ejecutivo atribuye principalmente al descenso esperado de la producción petrolera.

La fotografía económica que acompaña a estas cuentas es significativa. Para 2027 se prevé una contracción del PIB del 0,8%, aunque menor que la caída estimada para 2026, del 1,2%, y muy por debajo del retroceso del 5,8% registrado en 2025. Mientras los hidrocarburos podrían caer un 8,5%, la economía no petrolera crecería un 3,7%, impulsada por construcción, agricultura, ganadería, industria, comercio y servicios.

Es ahí donde aparece uno de los principales retos del nuevo ciclo de Osa Nsue. El país necesita producir más fuera del petróleo precisamente cuando el Estado dispone de menos margen para gastar.

Menos petróleo, más impuestos

Los números muestran hasta qué punto continúa la dependencia de los hidrocarburos. De los ingresos previstos para 2027, 813.163 millones de francos CFA procederían del petróleo, equivalentes al 72,6% de los recursos presupuestarios. Los ingresos no petroleros alcanzarían 306.563 millones, el 27,4%.

La estrategia pasa, por tanto, por recaudar más dentro de la propia economía. El Gobierno prevé ampliar la base tributaria, controlar las exoneraciones, recuperar deudas fiscales y extender herramientas como SIDUNEA. También pretende incorporar progresivamente a la economía formal a pequeños comerciantes, restaurantes, talleres, farmacias, prestadores de servicios y nuevos emprendimientos mediante la Patente Tributaria Única Anual.

Para el ciudadano, sin embargo, la cuestión no se limita a cuánto recauda el Estado. La pregunta es qué efecto tendrán estas medidas sobre el bolsillo.

Los últimos datos disponibles del INEGE muestran que en junio la inflación interanual alcanzó el 3,5%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 1,1% durante ese mes, mientras también registraron incrementos el transporte, la salud y los productos relacionados con el hogar.

En este contexto, el proyecto presupuestario prevé una inflación media del 2,7% para 2027. El Gobierno sostiene que ese nivel permitiría preservar el poder adquisitivo de las familias, aunque el propio documento identifica entre los riesgos del próximo ejercicio las presiones inflacionistas sobre bienes esenciales, las alteraciones de las cadenas logísticas y las fluctuaciones del petróleo y del tipo de cambio.

El gasto también tendrá que cambiar

El presupuesto contempla 875.700 millones de francos CFA de gasto corriente y 244.025 millones para inversión pública. El gasto corriente se reduce un 8% respecto a la ley de 2026. El Ejecutivo asegura que la reducción se concentrará en partidas susceptibles de racionalización, mientras se mantienen los servicios esenciales, las obligaciones sociales y financieras.

El área social concentra 240.598 millones de francos CFA, el 21,5% del gasto total. Educación recibirá 126.729 millones y Sanidad 84.975 millones. En educación se mantienen 7.000 millones para becas y cerca de 33.000 millones para construir y rehabilitar centros escolares.

La inversión pública, entretanto, se sitúa en 244.025 millones. Dos terceras partes, 161.075 millones, irán a sectores no petroleros. El Ejecutivo pretende concentrar el dinero en proyectos capaces de generar actividad, empleo y producción, además de continuar con las infraestructuras de Ciudad de la Paz.

La promesa de producir lo que hoy se importa

Quizá uno de los puntos con mayor impacto potencial para la economía cotidiana sea la apuesta por sustituir progresivamente importaciones. El Ejecutivo plantea aumentar la producción nacional de alimentos y bienes de consumo, fortalecer la agroindustria, la pesca, la transformación industrial y los servicios.

El razonamiento es sencillo: cuanto más dependa el país de productos que llegan del exterior, mayor será su exposición a los costes internacionales y a los problemas de transporte y abastecimiento. El propio Gobierno identifica las tensiones de las cadenas logísticas y las presiones sobre los bienes esenciales como riesgos para 2027.

La presentación de Osa Nsue llega, por tanto, en un momento particularmente significativo de su segundo mandato. Su continuidad al frente del Ejecutivo fue formalizada en junio y, apenas tres meses después, presenta unas cuentas públicas que reconocen una realidad difícil de ocultar: el petróleo sigue financiando la mayor parte del Estado, pero su producción disminuye; mientras tanto, la economía necesita crear nuevas fuentes de riqueza y los ciudadanos necesitan que esa transformación se traduzca en precios y oportunidades más manejables.

El verdadero examen del presupuesto no estará únicamente en su equilibrio sobre el papel. Estará en su ejecución: en si los ingresos previstos llegan efectivamente a las arcas públicas, si el gasto se controla, si las inversiones producen actividad y, sobre todo, si la prometida diversificación consigue convertirse en empleos, producción nacional y una oferta más amplia de bienes para una población que ya siente el coste de comprar cada día.