El pescado fresco que no llega a la mesa de la población

La disponibilidad de recursos marítimos no se está traduciendo en un acceso suficiente al pescado fresco para la población, según las preocupaciones expresadas en la Cámara de Diputado por los parlamentarios de la cámara baja. Durante la comparecencia de Fidel Esono Mba, ministro de Medio Ambiente y Economía Azul, los parlamentarios cuestionaron los resultados de los proyectos pesqueros y reclamaron medidas que permitan abastecer los mercados nacionales con productos de las propias aguas del país.

“¿Por qué no podemos comer los productos que tenemos en el país?”, preguntó uno de los diputados ante la prensa destinada en la Cámara de Diputados, a finales de septiembre, al referirse a la dependencia de los productos del exterior y al coste del pescado fresco. Durante el debate se mencionaron precios de entre 3.000 y 5.000 francos CFA por kilogramo, mientras que el chicharro (importado en el exterior) puede alcanzar entre 2.000 y 3.000 francos.

Para las familias la preocupación consiste en el precio, el cual condiciona la frecuencia con la que pueden consumir pescado. Por eso, los diputados consideran necesario impulsar la producción local y aprovechar mejor los recursos pesqueros y agrícolas.

Ante la Cámara, el ministro de Medio Ambiente presentó los avances del Proyecto de Apoyo al Sector de la Pesca y la Acuicultura (PASPA), cuyo coste estimado asciende a 45.896 millones de francos CFA, según hemos sabido de la prensa de la Cámara de los Diputados. El 79 % de la financiación corresponde al Banco Africano de Desarrollo ( BAD) y el 21 % al Gobierno nacional. La iniciativa busca, según las declaraciones del miembro del gobierno, aumentar el abastecimiento de pescado fresco y ahumado, reducir las importaciones y abrir posibilidades de exportación. Aspectos que en realidad no son palpables.

Entre las actuaciones figuran complejos de piscicultura, una unidad de conservación, venta y transformación de productos pesqueros, la adquisición de un barco y la formación de agrupaciones de pequeños operadores. No obstante, los diputados pidieron conocer cuántas personas se han beneficiado efectivamente de las actividades y cuál es la situación de la proyectada fábrica de atún en Annobón. También reclamaron infraestructuras que permitan conservar el pescado y garantizar su llegada a los mercados nacionales.

Las dudas se extienden al ritmo de ejecución. Algunos parlamentarios advirtieron de que el proyecto aún no había alcanzado la fase productiva esperada y expresaron preocupación por los plazos de devolución del crédito, las prórrogas concedidas y el desánimo del personal.

El reto, por tanto, no consiste únicamente en construir instalaciones o adquirir equipos. Se trata de conseguir que las inversiones aumenten la oferta de pescado, generen empleo y reduzcan los precios. Mientras no se conozcan los resultados productivos y su impacto en los mercados, seguirá pendiente la pregunta que resume la preocupación parlamentaria y de los ciudadanos: ¿por qué un país con recursos marítimos propios no consigue garantizar a su población un acceso más asequible al pescado fresco?