La Cámara de Diputados aprueba la Ley sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas

La Cámara de los Diputados ha dado luz verde, ayer martes, 1 de septiembre, a la proposición de Ley sobre el Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, una norma destinada a dotar de un marco jurídico específico a una institución constitucional encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público. La aprobación abre ahora el camino para que el texto continúe su trámite parlamentario en el Senado.

Según el gabinete de prensa de la Cámara de Diputados, la necesidad de esta regulación parte de una carencia identificada en el marco constitucional de 2012: hasta ahora no se había desarrollado una disposición específica que ordenara la organización administrativa, los procedimientos, las atribuciones de sus distintos servicios y el régimen de su personal. La nueva ley pretende cubrir ese vacío y establecer con mayor precisión cómo debe funcionar el Tribunal de Cuentas.

La norma sitúa la rendición de cuentas y el control de los recursos públicos en el centro de la actividad del Tribunal. Entre sus atribuciones figuran la fiscalización de las cuentas del Estado, las corporaciones locales, la Seguridad Social, los organismos autónomos, las empresas públicas y aquellas sociedades en las que exista participación estatal, recoge el gabinete de prensa de la Cámara de Diputados

El ámbito de control no queda limitado, además, a las instituciones públicas. El texto contempla también a empresas privadas que ejecuten proyectos o presten servicios financiados con fondos públicos, así como a personas físicas o jurídicas que reciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público, destaca el gabinete de prensa.

La proposición establece igualmente procedimientos para la fiscalización del patrimonio público, la tramitación de expedientes e informes y la actuación de los órganos de jurisdicción contable. También regula las funciones y composición de las salas de fiscalización y enjuiciamiento, además de establecer un deber de colaboración para las instituciones y personas que administren o reciban recursos públicos.

La independencia, en el centro del debate

Durante el debate parlamentario, Salvador Nguema Mangue, portavoz del grupo de la Coalición, puso el foco precisamente en la capacidad real del Tribunal de Cuentas para ejercer sus funciones con independencia. Nguema Mangue sostuvo que la cuestión fundamental no es únicamente contar con una nueva estructura jurídica, sino determinar si el nuevo marco permitirá al Tribunal de Cuenta actuar con independencia, eficacia técnica y capacidad para exigir responsabilidades, incluso cuando las posibles irregularidades involucren a personas con poder político o económico. “ El valor político del Tribunal de Cuentas se demuestra especialmente cuando puede fiscalizar con la misma intensidad a ministerios, empresas públicas, organismos autónomos, corporaciones locales, empresas de participación del estado, entidades privadas receptoras de fondos públicos y grandes contratos y proyectos de inversión”, indicó ante los demás diputados..

La intervención del vocero de la Coalición en la Cámara de Diputados planteó varias preguntas sobre la eficacia que deberá demostrar la institución: si las irregularidades serán detectadas, si se recuperarán los fondos públicos eventualmente perdidos, si se identificarán responsabilidades y si los informes de fiscalización serán publicados.

El portavoz reclamó, además, que el control no sea selectivo y alcance con la misma intensidad a ministerios, empresas públicas, organismos autónomos, corporaciones locales, sociedades con participación estatal y entidades privadas beneficiarias de recursos públicos.

Para Mangue, la aprobación de la ley constituye una oportunidad para fortalecer el Estado y mejorar el control de los recursos públicos, pero advirtió de que la reforma no debería quedarse en una cuestión de procedimientos internos. “La verdadera prueba estará en la capacidad del Tribunal de Cuentas para demostrar que ninguna persona que administre fondos públicos está por encima del control institucional”. Su grupo respaldó la aprobación del texto y expresó su deseo de que sea remitido al Senado cuanto antes.

El respaldo del grupo del PDGE

Por su parte, Federico Abaga Ondo, el portavoz del grupo del PDGE, defendió el contenido de la nueva legislación y destacó que establece las condiciones para que el Tribunal de Cuentas pueda elaborar informes que garanticen la seguridad, veracidad y fidelidad de las cuentas del Estado.

Abaga Ondo subrayó también la regulación de los órganos, departamentos y servicios de la institución, así como las garantías reconocidas a sus miembros. Según su intervención, la norma pretende preservar la independencia de los magistrados y dotarles de capacidad para actuar ante situaciones relacionadas con la mala gestión o el uso indebido de los recursos públicos.

La ley incorpora, asimismo, un régimen de responsabilidad y un sistema disciplinario destinado a reforzar la exigencia de integridad en el desempeño de los cargos del Tribunal. El texto contempla para sus magistrados principios como la integridad, la imparcialidad y la dignidad, junto con mecanismos disciplinarios ante posibles incumplimientos.

Agradecimiento del presidente del Tribunal de Cuentas

Tras la aprobación, Melchor Esono Edjo, presidente del Tribunal de Cuentas, agradeció a la Cámara de los Diputados el respaldo a la norma y consideró que esta disposición contribuirá a reforzar los mecanismos de funcionamiento de la institución.

Esono Edjo destacó la voluntad mostrada por los diputados y afirmó que la Cámara había cumplido con su deber. Sin embargo, situó el siguiente desafío fuera del debate parlamentario: la aplicación efectiva de la ley. “La materialización efectiva de los legislados va a depender de la constitución y del respeto de los que son sometidos a ella”.

El presidente del Tribunal expresó así su expectativa de que la norma sea respetada una vez entre en aplicación y permita a la institución desarrollar de manera efectiva las funciones que tiene atribuidas.

Mientras tanto, Salomón Nguema Owono, presidente de la Cámara de los Diputados, también puso de relieve las dificultades que afronta el Tribunal de Cuentas para cumplir su misión y defendió la adopción de medidas que permitan a la institución desempeñar sus funciones de manera eficaz.

Aprobado el texto en la Cámara de los Diputados, el proyecto queda ahora pendiente de continuar su recorrido parlamentario en el Senado.