La Fiscalía declara terrorista a la CORED y acusa a sus dirigentes de planear acciones violentas
Una resolución fechada el 14 de septiembre, señala a la organización opositora en el exilio y anuncia recompensas de hasta 1,5 millones de euros por la repatriación de algunos de sus principales dirigentes.
La Fiscalía General de la República de Guinea Ecuatorial ha declarado en el mediodía de hoy 21 de septiembre, a la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático (CORED) organización terrorista y criminal, en una resolución fechada el 14 de septiembre de 2026, según el documento cuyo contenido se ha dado a conocer. Ha sido mediante una comparecencia de prensa dada por el propio Fiscal General de la República, Anatolio Nzang Nguema.
La resolución, identificada como Resolución número 8/2026, sostiene que la organización constituida en el exilio no tendría como objetivo participar en elecciones democráticas para acceder al poder, sino promover un cambio violento del sistema político.
La Fiscalía atribuye a CORED y a varios de sus dirigentes contactos con organizaciones y estructuras armadas de diferentes países africanos, así como supuestos planes para obtener apoyo militar, armas y combatientes destinados a acciones contra Guinea Ecuatorial.
Según la declaración leída, la Fiscalía considera que existen elementos que demostrarían que la organización estaría preparando acciones destinadas a alterar el orden constitucional y la paz pública.
Entre los objetivos que, siempre según la resolución, habrían sido identificados figuran mercados públicos, edificios gubernamentales, instalaciones militares y determinadas embajadas extranjeras acreditadas en Guinea Ecuatorial.
La Fiscalía sostiene asimismo que miembros de CORED habrían mantenido contactos con dirigentes y representantes de grupos armados y organizaciones calificadas como terroristas o paramilitares, mencionando, entre otros, estructuras vinculadas al conflicto de Sudán, República Centroafricana, Camerún y Nigeria.
El documento cita específicamente contactos atribuidos a miembros de la organización con responsables de las denominadas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de Sudán, así como con grupos vinculados a Boko Haram, el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger y otras organizaciones armadas.
El antecedente de diciembre de 2017
Uno de los principales argumentos empleados por la Fiscalía se remonta a los acontecimientos de diciembre de 2017, cuando las autoridades ecuatoguineanas denunciaron un intento de incursión armada desde Camerún.
La Fiscalía relaciona aquellos acontecimientos con miembros de CORED y recuerda condenas dictadas entonces por tribunales ecuatoguineanos por delitos que incluían, según el documento, traición, delitos contra el Jefe del Estado, tenencia y depósito de armas y financiación del terrorismo.
El contexto de aquellos acontecimientos ha sido también recogido en documentación internacional. Un grupo de trabajo de Naciones Unidas señaló que, a finales de diciembre de 2017, las autoridades ecuatoguineanas detuvieron a decenas de personas cerca de la frontera con Camerún por su presunta participación en un intento de golpe de Estado, y que posteriormente fueron detenidos presuntos opositores y miembros de CORED.
CORED no es una organización de reciente creación. Sus propios estatutos disponibles públicamente señalan que la coalición nació como una plataforma política integrada por diferentes fuerzas y asociaciones opositoras ecuatoguineanas.
En su documentación pública, la organización se presenta como una alternativa política destinada a promover un cambio de sistema en Guinea Ecuatorial. Su actividad se ha desarrollado fundamentalmente desde el exilio y ha incluido actuaciones políticas y denuncias contra las autoridades ecuatoguineanas.
Precisamente por ello, la reciente resolución leída hoy, supone un cambio cualitativo en el tratamiento oficial de la organización: de ser presentada históricamente como una formación opositora en el exilio pasa, según la Fiscalía, a ser considerada organización terrorista y criminal.
Recompensas millonarias
Uno de los elementos más llamativos del documento es el establecimiento de recompensas económicas por la localización y repatriación de determinados miembros de CORED.
La cantidad más elevada, según la resolución, asciende a 1,5 millones de euros por la repatriación de Salomón Abeso Ndong, identificado en el documento como presidente de CORED y responsable de Acción Política.
Para otros dirigentes se establecen cantidades de un millón, 800.000 y 700.000 euros, dependiendo de la persona.
Entre los señalados figuran Filiberto Ntutumu Mabale Andem, Pablo Andom Urbina, José Manuel Ibolo Kombe, Antonio Camilo Esono Ayong, Magno Domba, Luis Aconcha, Hugo Douredu, Abel Inocencio Luenve Tinoco, Aquilino Nguema Nchancha, Pascual Honduequiri y Luis Batume, entre otros.
La Fiscalía advierte además que estas recompensas podrían ampliarse a medida que avancen las investigaciones y se identifique a nuevos integrantes.
Al término de la comparecencia de Anatolio Nzang Nguema, Fiscal General insta al Gobierno, a través de los departamentos correspondientes, a adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la resolución.
La declaración se fundamenta, según el texto, en las disposiciones del Código Penal y en la normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y su proliferación.
La Fiscalía sostiene que los actos atribuidos a CORED encajarían en las categorías de actividad criminal y terrorismo porque —según su interpretación— estarían destinados a alterar el orden constitucional, intimidar a la población y provocar un cambio de Gobierno mediante la violencia.
Por el momento, lo que existe en el documento atribuido a la Fiscalía es una acusación de extrema gravedad: que CORED habría dejado de actuar exclusivamente como organización política opositora para convertirse, según la tesis oficial, en una estructura dedicada a la preparación de acciones violentas contra el Estado ecuatoguineano.
La diferencia entre una acusación fiscal, una declaración administrativa y una condena judicial firme será determinante para establecer las responsabilidades individuales de cada una de las personas mencionadas.
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