Los diputados continúan analizando el proyecto de la ley de prensa presentado por el Gobierno

La reforma del proyecto de Ley Reguladora de la Libertad de Prensa, de los Servicios de Comunicación Audiovisual y Digital, y del Derechos de Autor y Derechos Conexos siguen siendo motivos de debate en la Cámara de Diputados. Preguntas y aclaraciones de conceptos no entendidos ha sido la tónica dominante durante la sesiones entre los diputados y los miembros del Gobierno del ministerio de Información, Prensa, Cultura y Turismo. El objetivo: esclarecer artículo por artículo, según resalta el gabinete de prensa de la Cámara de Diputados.

Según el gabinete de prensa de la Cámara de Diputados se pretende, con estos instrumentos legislativos, establecer nuevas reglas para el funcionamiento de los medios de comunicación social, definir responsabilidades y garantizar un marco para el ejercicio del pluralismo informativo. Sin embargo, durante su estudio han aparecido, según resaltan, deficiencias de redacción que han obligado a crear una comisión mixta para revisar parte del texto, esto a lo largo de los primeros días de análisis.

Uno de los elementos destacados durante las deliberaciones es la definición de las distintas publicaciones periodísticas. El proyecto establece qué deberá entenderse por diario, semanario, quincenal y mensual, atendiendo a la periodicidad de cada publicación y al cumplimiento de los requisitos previstos en la futura ley, destaca el gabinete de prensa de la Cámara de Diputados.

Pero el alcance del proyecto va más allá de clasificar las publicaciones. El texto sitúa el pluralismo informativo como uno de sus elementos centrales y señala que este debe favorecer la expresión de la diversidad social, cultural, política, económica y deportiva del país. Para ello, contempla la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social.

Reglas para quienes dirigen los medios

El proyecto también entra en la organización interna de los medios. Según el texto estudiado a lo largo de esta semana, cada medio deberá contar con un director y, al menos, una persona que pueda sustituirlo. Además, quienes desempeñen estas funciones deberán cumplir determinadas condiciones relacionadas con su residencia, el ejercicio de sus derechos civiles y políticos y sus antecedentes judiciales.

La propuesta incorpora así una serie de requisitos para quienes asuman responsabilidades directivas en los medios de comunicación. Entre ellos figura no haber sido condenado por determinados delitos y no haber incurrido en reincidencia en los términos contemplados por el proyecto. La condena a pena aflictiva, según el texto analizado, supondría el cese inmediato de la persona afectada de cualquier función relacionada con la administración del medio.

Durante las sesiones, los diputados también plantearon cuestiones relacionadas con el funcionamiento y la identidad editorial de los medios existentes. Una de las preguntas estuvo dirigida a conocer si la televisión estatal (TVGE) y Asonga TV mantenían una misma línea editorial. La delegación del Gobierno respondió que, al tratarse de medios con distinta naturaleza, trabajan con líneas editoriales diferentes.

El derecho a rectificar

Uno de los artículos adoptados durante las deliberaciones aborda directamente la relación entre los medios y las personas que consideran que una información les ha perjudicado. El proyecto reconoce a toda persona física o jurídica que haya sido ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación el derecho a solicitar que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio que publicó la información. Las condiciones para ejercer este derecho deberán quedar establecidas en la propia ley.

La incorporación de este mecanismo introduce una herramienta destinada a responder a uno de los conflictos habituales en el ejercicio periodístico: el equilibrio entre el derecho de los medios a informar y el derecho de las personas a defender su reputación cuando consideran que una información es incorrecta o injusta.

La obligación de conservar las informaciones

Otro de los puntos estudiados afecta directamente a las radios y televisiones. El proyecto plantea que los servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión deberán conservar durante un periodo determinado las producciones informativas de origen nacional.

La propuesta establece la obligación de dejar archivadas, dentro de los 20 días, noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, disertaciones, editoriales, discursos y debates, entre otros contenidos. Esto significa que la información difundida no desaparecería una vez emitida, sino que debería quedar registrada y disponible en los archivos.

Relativo a la cuestión de conservación de las producciones audiovisuales nacionales, también objeto de debate, según la prensa de la Cámara de Diputados, los representantes del Gobierno señalaron que en la Dirección General de Bibliotecas y Archivos existe una sección que puede considerarse una cineteca, teniendo en cuenta que se encarga de archivar películas de producción nacional.

El texto con algunas lagunas

El estudio parlamentario no ha transcurrido sin dificultades. Los diputados detectaron irregularidades en la redacción de algunos artículos. Una de las principales observaciones se refiere a que el proyecto contempla multas para determinadas infracciones cometidas por los medios, pero no establece de manera suficientemente clara la clasificación de las faltas que podrían cometer contra personas físicas o jurídicas.

La ausencia de una clasificación precisa ha impedido continuar directamente con el análisis del proyecto. Ante esta situación, se decidió constituir una comisión mixta integrada por cinco diputados y representantes del Gobierno encargados de revisar y reformular varios artículos antes de retomar las deliberaciones.

La revisión no afecta únicamente a las infracciones. Otros aspectos del proyecto permanecían pendientes de formulación, entre ellos los principios periodísticos, el periodo de prácticas que deberán realizar los estudiantes de las escuelas de periodismo en los medios y el artículo dedicado específicamente al ejercicio del periodismo