Una estrategia para “normalizar” el transporte

Por lo general, las leyes no suelen ser fáciles de terminar de aceptar cuando todavía son nuevas, y más aún si pretenden acabar con ciertos comportamientos ya casi arraigados. Precisamente, sin ser una excepción, la puesta en funcionamiento del Decreto 40/2026 que regula los precios de los carburantes en el país no ha dejado de causar quejas, sobre todo, en los transportistas.

No obstante, a diferencia del transporte terrestre que no logró su objetivo tras la reacción con la promulgación del decreto, en cambio, los que no solo han sido escuchados sino que también se les ha concedido el “deseo” es el sector marítimo y aéreo. Según informaba el Gabinete de Prensa de la Primatura, en un encuentro entre el Gobierno, las empresas comercializadoras de carburantes y las del transporte aéreo y marítimo, “el Primer Ministro hizo entrega de un instrumento a la empresa TOTAL y al resto de los operadores implicados, para garantizar la continuidad del suministro de combustible subvencionado por las empresas que prestan servicios esenciales a la población”.

Decía la nota de prensa de la oficina de comunicación del Primer Ministro, la cual tuvo acceso Ébano que, "la reunión venía a poner fin a las dudas surgidas entorno al acceso al combustible subvencionado por parte de determinadas empresas privadas que prestan servicios esenciales del transporte”. Aunque, en realidad, todo apunta a que el encuentro venía a poner fin a una posible subida de precios del transporte aéreo y marítimo como ya ocurrió en algún momento con el terrestre.

“El Ejecutivo precisó que el objetivo el Decreto 40/2026 es proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos mediante un mecanismo de subvención que evita que el incremento del coste real del combustible se traslade directamente a los usuarios”, recogía el documento.

En presencia de los responsables de TOTAL, Gepetrol Servicios, Tradex, Cronos, Viteoca y San Valentín, el Primer Ministro en la cita recordó que la subvención no constituye un beneficio destinado a las empresas, “sino una medida de carácter social concebida para garantizar que la población continúe accediendo a servicios de trasporte aéreo y marítimo a precios asequibles., especialmente en las conexiones entre Malabo y Bata, así como en las rutas marítimas hacia Annobón y Corisco.

Durante el encuentro en el que, entre otras cosas se podría considerarse como consecuencia de la falta de transporte público en el país, Antonio Oburu Ondo, ministro de Minas, Hidrocarburos y Electricidad dijo, en una entrevista ante la prensa del Primer Ministro, que “los precios de los billetes tienen que seguir siendo lo que son, y los viajes Malabo- Bata o Malabo-Annobón tiene que reanudarse”, Para él, era un problema de interpretación del instrumento legal. “Hoy ha quedado claro que no puede haber un problema de interpretación del decreto sobre la nueva estructura de precios, no puede haber una confusión respecto a cuál es su espíritu: el de proteger a la población”. “La población tiene que saber que desde hace décadas que cada litro que paga en la estación, el gobierno realmente paga la otra parte, con la finalidad de que ésta ( población) no sufra”, resaltaba el ministro.

Quizás tarde para algunos después de tanto esperar, no obstante, lo cierto es que el Gobierno y el sector privado llegan a un acuerdo en un momento considerado crucial por la excesiva circulación de personas (sobre todo, estudiantes), teniendo en cuenta la época vacacional en la que se encuentran. No obstante, y sin muchas opciones, la población solo espera el cumplimiento del compromiso de las partes, y más aún de las empresas en mantener los precios, y sobre todo, reanudar los viajes.